Compartimos el comunicado de la Caja de Profesionales Universitarios a propósito de las declarciones de ejercicio.

De acuerdo con marco normativo vigente la afiliación al sistema es obligatoria y permanente, subsiste durante toda la vida del afiliado, ya sea que se mantenga o no en actividad, que ejerza una o varias profesiones simultáneas o sucesivas, o incluso que le corresponda la afiliación a otros institutos de seguridad social.

Para esta afiliación, los egresados de las profesiones amparadas disponen de 90 días luego de haber concluido con el ciclo de estudios. En el caso de los profesionales que no quedan habilitados para ejercer por el mero hecho del egreso, el término referido comenzará a correr desde que se le expida la documentación habilitante. Si ejerce la profesión en forma libre debe realizar los aportes correspondientes en forma obligatoria, señalándose que se considera que un profesional con título universitario ejerce su profesión en forma libre, no sólo cuando realiza actos concretos relativos a la misma, sino también cuando está en disponibilidad de realizarlos. Para efectuar estas declaraciones también se cuenta con un plazo de 90 días, desde el egreso o habilitación o a partir del cambio de situación.

El no cumplimiento de estos plazos traerá aparejada la aplicación de multas y gastos de administración de acuerdo con la reglamentación vigente.

Algunos datos de interés

En los últimos años la Caja ha venido profundizado las acciones de control para constatar la veracidad de las declaraciones juradas de no ejercicio, a través de un mayor intercambio de información sobre la actividad profesional, con organismos públicos y privados, que se suman a otros controles ya existentes.

A través de diversos convenios y gestiones realizadas se mantiene intercambio de información con diversos organismos, como por ejemplo el Banco de Previsión Social, las cajas paraestatales, la Suprema Corte de Justicia, Intendencias y Ministerios, entre otros, que además de facilitar los trámites de nuestros afiliados para la obtención de prestaciones, permite detectar posibles irregularidades en cuanto a la situación declarada ante la Caja. Esta gestión es continua en la búsqueda de nuevas opciones de intercambio.

A través de los controles que se realizan con datos de nóminas provenientes de más de 800 empresas –y que alcanzaron en 2017 a 66.500 afiliados–, se detectan declaraciones falsas de no ejercicio, que resultan sancionables penalmente, habiéndose llevado a cabo en los últimos 2 años en el orden de 2.000 investigaciones administrativas.

Más y mejores controles

En este contexto ponemos en su conocimiento que se profundizarán las medidas de control a través de visitas del cuerpo inspectivo a profesionales de todo el país, con el fin de verificar la situación en la que se encuentran respecto al Instituto. Exhortamos a que en caso de que lo declarado ante la Caja no se ajuste a su situación real de ejercicio o no ejercicio, se ponga en contacto con nosotros a efectos de regularizar su situación.

Asumiendo nuestro deber de velar por los intereses de nuestros afiliados, alertamos acerca de las consecuencias de no estar en situación regular de aportes. Cuando se detectan situaciones de ejercicio no declaradas, ello ocasiona múltiples perjuicios, como la generación de deudas de aportes sobre las que se generan multas y recargos, de acuerdo con la preceptiva legal aplicable (Código Tributario), pérdida de acceso a beneficios, efectos sobre el cobro de sueldos, etc.

Destacamos la importancia de tener presente los gastos adicionales que se generan en perjuicio del afiliado, ante la promoción de juicios ejecutivos, y traba de embargo que incluye cuentas bancarias, que superan largamente el capital de la deuda, a la que en estas circunstancias se le agregan multas, recargos y gastos judiciales.

Las consecuencias de hacer una declaración jurada falsa están reguladas por lo dispuesto en el art. 136 de la Ley 17.738, que remite al artículo 239 del Código Penal.

Lo exhortamos a actuar responsablemente y ser previsor por usted y su familia, cumpla regularmente con sus obligaciones de pago de aportes jubilatorios y si se encuentra en una situación de dificultad para mantenerse al día, acuda tempranamente a buscar una solución que evite el aumento de deuda y la secuela de inconvenientes que será más difícil revertir después.

No olvidar que esta es una Institución de solidaridad intergeneracional, de modo que el no pago lo deja incurso, al margen de la situación legal, en una situación de falta de solidaridad para el colectivo que integra y conspira contra sus propios intereses en el futuro.