El 22 de junio de 2016 el Directorio de la Caja tomó por mayoría absoluta una serie de resoluciones que implican la no renovación de partidas complementarias y extraordinarias que prevén una solución ordenada y gradual, preservando la posibilidad de la Caja de cumplir sus obligaciones en el mediano plazo.
La renovación de las partidas complementarias y extraordinarias exige la resolución expresa del Directorio de la Institución y «solo se podrán determinar previo estudio técnico que determine que no se afectará el cumplimiento de las prestaciones básicas consagradas legalmente así como de las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad». A su vez necesitan aprobación de la Comisión Asesora y de Contralor, del Tribunal de Cuentas y eventualmente del Poder Ejecutivo.
A través de la Asesoría Económico-Actuarial, la Caja realiza estudios periódicos sobre su situación financiera y actuarial de mediano y largo plazo, identificando entre otras cosas, los desafíos y amenazas que enfrenta la Institución.
En los últimos años tanto los resultados operativos del balance como estudios técnicos actuariales adelantan problemas financieros en el mediano plazo de no tomarse algunas acciones correctivas como la no renovación de estas coberturas adicionales. El Directorio ha definido un plan de implementación donde prima la gradualidad y la protección de grupos vulnerables así como una adecuada y necesaria anticipación para lograr los efectos deseados.
Sobre las medidas tomadas:
1. Las pasividades no se bajan ni se congelan
Las prestaciones básicas que brinda la Caja de Profesionales Universitarios y que refieren a jubilación, pensión, subsidios por incapacidad, gravidez, y expensas funerarias se mantienen incambiadas y seguirán aumentando en función a la evolución del Índice Medio de Salarios de acuerdo a la Ley vigente.
2. No se modifica el régimen de cálculo jubilatorio
La jubilación obtenida a partir de las condiciones establecidas en la ley orgánica no se verán modificadas. Esto quiere decir que todas las personas que hayan obtenido una tasa de reemplazo superior al 50% bajo esas condiciones las seguirán manteniendo. A modo de ejemplo un afiliado que comenzó a aportar a los 26 años en forma ininterrumpida y decide dar el cese a la edad de 63 años, obtendrá una tasa de reemplazo del 61 %. De igual modo un afiliado que aportó desde los 25 años en forma
ininterrumpida y se jubila a la edad de 70, recibirá el máximo de tasa de reemplazo correspondiente al 82,5%.
Solo se elimina en forma gradual los complementos en el cálculo
jubilatorio, otorgados en forma extraordinaria a quienes no lo tenían generado por ley.
Esta medida alcanza exclusivamente a unos 2.500 pasivos de un total de 15.000.
3. A partir del 1 julio de 2016 todos los jubilados ingresan al Fonasa
La incorporación de todos los jubilados y pensionistas al Sistema Nacional Integrado de Salud, determina el cese de la compensación de gastos de salud y su complemento que otorgaba la Caja a aquellos pasivos que asumieran personalmente el costo de la cobertura médica básica.
No obstante, la compensación de gastos de salud se mantiene para aquellos jubilados y pensionistas que tengan como único ingreso la pasividad de la Caja y que ésta no supere los $ 33.400. También recibirán esta compensación los afiliados activos y pasivos que tengan a su cargo, integrantes del núcleo familiar con discapacidad.
En los demás casos, la compensación de gastos de salud pasará a abonarse como una partida mensual fija que se irá reduciendo semestralmente hasta quedar eliminada en julio de 2018.
En lo que refiere al complemento de la compensación de gastos de salud que cubría tickets y órdenes ($ 725 a valores de junio/2016), éste permanecerá vigente para aquellos jubilados y pensionistas de 75 años o más.
Para aquellos que no se encuentran en dicha franja etaria, el complemento de la compensación de gastos de salud se reducirá en un 50% a partir del 1° de julio 2016 y cesará a partir del 1° de enero de 2017.
4. Eliminación de la compensansación especial fin de año
A partir de julio de 2016 queda sin efecto la asignación extraordinaria de la partida especial de fin de año que consistía en un monto fijo de
$ 5.800 para jubilados y $ 3.500 para pensionistas.
Sobre aspectos de gestión:
5. Relación activos/pasivos no es comparable en términos económicos
Hoy la Caja puede considerarse un régimen joven donde la relación activo/pasivo es de casi cuatro a uno.
Según las proyecciones institucionales el volumen de beneficiarios se expandirá en los próximos 10 años cuando más del 20% de los actuales activos alcanzará la edad para jubilarse.
Adicionalmente esta relación de 4 a 1 entre activos y pasivos no es comparable en términos monetarios ya que el promedio de aporte de los activos es de $ 10.436 mensuales y la jubilación promedio se encuentra en los $ 50.400. En estas cifras influye además, que un alto porcentaje de aportantes se detiene en las categorías iniciales según se observa en el siguiente cuadro con información al 30/06/2016:
6. No se debe confundir nivel de evasión con porcentaje de profesionales con declaración jurada de no ejercicio*
* De acuerdo al marco normativo vigente solo están obligados a aportar a esta Caja, los profesionales universitarios que ejerzan en el país en forma libre en nombre propio y para terceros. Se considera que un profesional con título universitario ejerce su profesión en forma libre, no sólo cuando realiza actos concretos relativos a la misma, sino también cuando está en disponibilidad de realizarlos. Aquellos que trabajan en forma dependiente y aportan a otro Instituto de seguridad social pueden declarar no ejercicio, casos en los que no aplica el pago de aportes.
Al 30 de junio del 2016 el padrón de la Caja está compuesto por 119.597 afiliados.
57.113 afiliados activos con declaración de ejercicio (48%).
62.484 con declaración de no ejercicio libre de la profesión (52%).
7. Fiscalización
Sistemáticamente la Caja emplea diversos sistemas de control sobre los afiliados con declaración de no ejercicio libre de la profesión, un ejemplo de ello es el control anual del certificado de «estar al día» con las obligaciones donde se releva la situación de más de 60.000 afiliados a través del contacto con más de 700 empresas de plaza. A modo de ejemplo, este procedimiento determinó en el 2015 la aplicación de acciones correctivas a más de 7.000 afiliados.
8. Nivel de morosidad se sitúa en 1,3%
En base a los análisis periódicos de morosidad de la Caja, ésta se ubica en sus niveles mínimos históricos: 1,3% (en base a los aportantes y excluido el núcleo duro o incobrable). La mayor parte de los montos morosos refieren a un núcleo duro o cartera no recuperable de alrededor de 700 afiliados (todos ellos ya intimados) quienes presentan una deuda de 10 años o más y no tienen convenio suscrito vigente. Este grupo tiene individualmente varios juicios iniciados, así como los respectivos embargos genéricos trabados.
A la fecha se registran más de 400 solicitudes de embargos de cuentas bancarias.
A través del área de Recuperación de Adeudos se han realizado indagaciones con resultados que indican que mayoritariamente se trata de profesionales que se fueron del país sin efectuar la correspondiente declaración jurada de no ejercicio y en otros casos se han encontrado indicios de su fallecimiento. Sin embargo, al no contarse con la correspondiente declaración de no ejercicio realizada por el titular o la respectiva partida de defunción, no se pueden dar de baja de las cuentas corrientes de la Institución.
9. Evolución del resultado operativo y uso de las reservas para el pago de prestaciones exige medidas
Como muestra de la evolución del conjunto de afiliados y de la relación entre aportes y prestaciones, a partir del año 2014 se registraron déficits operativos. El mismo fue superior a los 25 millones de pesos ese año, incrementándose a más de 233 millones de pesos en 2015, proyectándose para el 2016 un déficit operativo de más de 582 millones.
Esta situación exige medidas correctivas que exceden la reducción de los gastos de administración, que incluyen remuneraciones, y de acuerdo con el balance cerrado al 31/12/2015 representan un 5,21% del total de ingresos operativos .
Inversiones:
Al 31 de diciembre de 2015, el portafolio de inversiones ascendía a 11.479 millones de pesos uruguayos y la rentabilidad de los últimos 12 meses, alcanzó el 14,53% nominal en pesos, lo que equivale a un 4,65% real.
La estrategia de la Caja siempre ha sido invertir de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, liquidez, congruencia monetaria y plazos adecuados a la finalidad de la Institución, lo que ha permitido que la situación económico -financiera del Instituto en el año registrará nuevamente un resultado neto superavitario en 2015, pero mostrando también un déficit operativo, que se prevé que aumentará a futuro de no tomarse medidas correctivas ya que actualmente los ingresos provenientes de los aportes, no están siendo suficientes para cubrir los egresos de fondos vinculados a las prestaciones que sirve la Caja.
Gestión transparente
La Caja está sometida a diversos controles internos, estatales y sociales establecidos en su marco normativo.
Su Directorio está compuesto por representantes de afiliados activos y pasivos quienes pueden ser electores y elegibles, e integrantes del Poder Ejecutivo. A su vez cuenta con una Comisión Asesora y de Contralor compuesta por hasta 50 miembros también representantes de afiliados activos y pasivos.
De todos ellos depende, la aprobación anual del Presupuesto de Sueldos, Gastos e Inversiones de funcionamiento, la consideración de la Memoria anual de la situación de la Caja, que es auditada por el Tribunal de Cuentas.
A todo ello se somete el cumplimiento de la normativa y topes de las distintas inversiones que puede realizar la CJPPU, que a su vez prevé una delegación de control del Banco Central del Uruguay.
La Caja cubre jubilaciones y pensiones de unos 15.000 pasivos, además de brindar otros beneficios. Cada mes la Caja desembolsa unos 21 millones de dólares en el conjunto de prestaciones que ofrece.
La Caja tiene como objetivo desarrollar una adecuada gestión para garantizar la continuidad de estas prestaciones y preservar los derechos que generan los más de 57.000 afiliados activos y que generaron los 15.000 pasivos con los que actualmente cuenta la institución.