Arq. Julio Villar Marcos
Los impulsos desarrollistas se multiplican y la inversión inmobiliaria se dirige también a la costa oceánica uruguaya. Es indudable que esta vulnerable interfase entre el dominio de las aguas continentales y la dinámica costera atlántica es un bien agotable y que es necesario preservar las calidades físicas y biológicas de su ámbito. La dificultad radica en la elección de qué tipo de modelo territorial se debe adoptar allí para el futuro, y surgen las discrepancias. La discusión abarca aspectos económicos, políticos, sociales y ambientales, con posiciones en algunos casos radicales, incluso por personas bien intencionadas, pero que no tienen los conocimientos necesarios para profundizar en complejos temas técnicos que pertenecen a disciplinas que les son ajenas.
En Rocha, desde el Chuy hasta La Paloma, el desarrollo de la costa ha sido mal regulado y peor gestionado. En algunas zonas se han multiplicado los fraccionamientos, con alta morosidad y escasa ocupación, generando elevados costos para el erario público, en tanto que en otras se aglomeran las edificaciones, muchas veces irregulares, con las consabidas consecuencias negativas para el ambiente e incluso para los propios vecinos y usuarios. Sin embargo, entre las lagunas de Rocha y Garzón no ha habido hasta ahora una ocupación importante, por lo cual esa zona permanece con sus valores naturales casi en su estado original. Se debe recordar que es un área afectada por un compromiso internacional de preservación adquirido por Uruguay, el 22 de setiembre de 1984 (convenio Ramsar), y que, además, está en estudio su inclusión en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por la riqueza de sus ambientes naturales. Si bien existe un Plan Parcial de Ordenamiento Territorial Lagunas Costeras -que la Intendencia de Rocha afirma que garantizará un desarrollo adecuado-, destacados técnicos independientes sostienen que no plantea una gestión beneficiosa para esa área y que promoverá una presión significativa sobre los vulnerables ambientes lagunares que deben ser protegidos. De llevarse a cabo la iniciativa de un inversor privado para financiar la construcción de un vínculo fijo sobre la laguna Garzón, la situación se agravaría, tal como sucedió en el departamento de Maldonado entre las lagunas Garzón y José Ignacio, donde la construcción del puente sobre esta última causó tal desarrollo en el pueblito de José Ignacio que el fraccionamiento original no pudo soportarlo y en temporada resulta casi imposible circular y estacionar. Además, la ruta 10 se ha convertido en una carretera de alta velocidad, que ha propiciado una onerosa urbanización lineal dispersa y la vida nativa en la laguna José Ignacio está ya casi extinguida.
Entonces, ¿cuál es el modelo que debería adoptar Rocha para la zona de Garzón? El que las autoridades desean es el que se ha aplicado en otras partes del mundo y que ha arruinado territorios, aún bajo condiciones de control mucho más rígidas y exigentes que en nuestro país. Los opositores a ese modelo opinan como el reconocido arquitecto Rafael Viñoly, que sostiene: «La tipología tradicional del desarrollo reciente de Punta del Este no debería ser el camino que Rocha debería tomar en el futuro. El mercado que puede hacer del Uruguay, uno de los pocos ‘países destino’ que quedan en el mundo, no es el que puede apreciar una imitación de la urbanización descontrolada de Miami por más obvia que parezca esa respuesta, o precisamente por ello. Los resultados de seguir esta estrategia están a la vista en muchos países del mundo.»
Este es un momento de decisión que ha de afectar el porvenir de un bien nacional y que debe ser trasmitido a las futuras generaciones en las mejores condiciones posibles. Por ingenuidad o imprudencia, una resolución equivocada puede hacer perder una de las pocas zonas que van quedando casi intactas en nuestra costa atlántica.
Arq. Julio Villar Marcos