En la pasada sesión del 18 de junio, la Comisión Directiva de SAU resolvió acompañar el comunicado elaborado por el colectivo conformado por distintas gremiales y no gremiales de profesionales universitarios -para ser dirigido al Poder Ejecutivo y las Cámaras de Senadores y Representantes-, en relación con el tratamiento dado al Proyecto de Ley de Reforma de la Caja Profesional y a la inmerecida campaña de desprestigio sembrada sobre profesionales de nuestro país.
El comunicado enfatiza la posición contraria de este colectivo al Proyecto de Ley presentado, en el entendido de que no apunta a las verdaderas causas de la situación y que sus efectos podrían conllevar escenarios aún más negativos para la situación financiera de la Caja Profesional.
En segundo término, se señala en el texto la necesidad de ajustar el valor de los timbres profesionales de acuerdo al Índice Medio de Salarios y no por IPC, como establece el Art.71 de la Ley 17378, proponiéndose un mecanismo gradual de ajustes, con aumentos anuales, comenzando en forma inmediata y que permita en el mediano plazo la recuperación total del “descalce” que se ha producido .
En tercer lugar, el comunicado establece la necesidad de ampliar la base de aportantes, mediante la incorporación a la Caja Profesional en la categoría 1 de la escala vigente, de los profesionales dependientes que tributan a otras Cajas y que reúnan al menos dos condiciones: que cuenten con la posibilidad de llegar a los 30 años de aportes al cumplir 65 años y perciban un salario superior a $ 140.000 aprox. Dado que hoy el universo de dependientes alcanza a más de 110.000 profesionales, y de acuerdo con lo que estimamos, sólo con el aporte de 28.000, se estaría resolviendo la situación financiera de la CJPPU.
En su punto 4, el comunicado plantea la reglamentación del Art.68 de la Ley 17.738 con el objetivo de que los profesionales dependientes, que están aportando a otras Cajas, cumplan con su declaración cada dos años, abonando en ese acto y por concepto de gastos de administración y fiscalización, un importe que no excederá al equivalente al aporte que corresponda al sueldo ficto de la segunda categoría.
En relación a la transición de estos meses, y hasta que las medidas anteriores generen los recursos necesarios para el equilibrio de las finanzas de la CJPPU, se solicita al Poder Ejecutivo dar cumplimiento al literal B del inciso tercero del Art.67 de la Constitución de la República, aportando desde Rentas Generales, como lo plantea el proyecto los recursos necesarios para que la CJPPU pueda atender el pago de pasividades.
El comunicado expresa el rechazo a lo planteado en el Proyecto de Ley en cuanto al adelantamiento para algunos profesionales Universitarios de la convergencia al sistema común, previsto por la Ley 20130 . Además de una severa e inmerecida discriminación, se considera que lesiona de manera importante exclusivamente a un conjunto de profesionales universitarios, que ya tiene derechos adquiridos, inclusive por la misma Ley 20130.
En el punto 7, el comunicado expresa la necesidad de analizar seriamente la posibilidad de que el aporte de los profesionales se realice por el ingreso real y no por fictos. Esta modificación podría tener viabilidad pero se requerirán estudios y medidas que aseguren la estabilidad financiera de la Caja y que sea contemplado el heterogéneo universo que constituyen en la actualidad las distintas profesiones universitarias y las asimetrías existentes aún dentro de cada profesión.
El comunicado concluye con la necesidad de conformar una Comisión de Trabajo (integrada por el Parlamento, el BPS, el Directorio de la Caja y la Intergremial de Profesionales Universitarios) para que recabe las informaciones y datos surgidos, analice los posibles escenarios futuros y establezca recomendaciones que aseguren la viabilidad y supervivencia de la Caja Profesional.