La Comisión de Urbanismo y Territorio de la SAU presentó sus reflexiones sobre los conversatorios realizados el 17 y el 24 de junio, que contaron con destacados expositores. El trabajo busca aportar insumos para dialogar con autoridades, espacios académicos, organizaciones sociales, medios y opinión pública.
El informe de la Comisión destaca la necesidad de abordar el transporte público como parte de una planificación integral metropolitana, coordinando los distintos modos de transporte y evitando decisiones fragmentadas. Subraya la importancia de actualizar datos clave como la encuesta origen-destino y la información demográfica y de localización de oportunidades. Agrega que la movilidad no debe considerarse un asunto exclusivo de transporte, sino un factor que impacta en la infraestructura urbana, el valor del suelo y el mercado inmobiliario, y que debe integrarse en los instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.
Se advierte que el estancamiento y envejecimiento poblacional obligan a planificar un sistema de transporte que favorezca la radicación en la ciudad construida y mejore la accesibilidad metropolitana sin fomentar la dispersión urbana. Incorporar este tema a los instrumentos de ordenamiento permitirá también al Estado capturar parte del mayor valor inmobiliario generado por las inversiones, lo que requiere pensar en una institucionalidad metropolitana.
La Comisión reconoce el aporte de los promotores privados por poner el tema en agenda, aunque observa que su enfoque responde a intereses empresariales. También señala como insumos relevantes informes académicos y técnicos, como los elaborados por CINVE con FADU, y valora las distintas miradas presentadas por autoridades nacionales y departamentales. Entre los planteos, se resaltó la ausencia de propuestas de movilidad hacia el oeste de Montevideo.
Finalmente, el documento recoge preguntas pendientes, como la elección de los corredores de 8 de Octubre y Av. Italia, y la articulación de políticas de vivienda en las mejoras de infraestructura. La Comisión considera que una inversión de esta magnitud e importancia nacional requiere instancias amplias de intercambio y debate público que permitan responder a estos interrogantes.
