Tres investigadoras de la FADU expusieron en SAU los principales resultados de un informe sobre la aplicación de la Ley de Vivienda Promovida en Montevideo. El debate puso sobre la mesa logros en inversión y empleo, así como tensiones en el acceso y la planificación urbana.
El pasado 19 de agosto se realizó en la sede de SAU el segundo conversatorio en el marco del Mes de la Vivienda, en el que se presentó el informe “La vivienda promovida en Montevideo: un análisis integral de su producción, localización e impacto”. El estudio fue elaborado en el marco de un convenio entre la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UdelaR) y la Intendencia de Montevideo, y busca evaluar el instrumento como política pública a 14 años de su implementación.
Exposición de Graciela Lamoglie:
La arquitecta introdujo la investigación, iniciada en 2022, destacando que la ley combinó incentivos fiscales y zonificación con el objetivo de atacar desigualdades y promover oportunidades de acceso a la vivienda. Subrayó que se trata de un marco que produjo una cantidad significativa de unidades, aunque también plantea tensiones entre la dinamización urbana y la satisfacción del derecho a la vivienda. El equipo analizó numerosos proyectos en dos áreas de Montevideo con alta concentración de edificios promovidos, relevando características arquitectónicas y su inserción urbana. Lamoglie recordó que, mientras el sector empresarial defiende los resultados, desde la academia y movimientos sociales han surgido críticas por procesos de gentrificación y barreras de acceso para los sectores de menores ingresos.
Exposición de Yanina Aniotz
La Mag. Ec. expuso los datos cuantitativos. Señaló que las viviendas promovidas representan un 7,8% del incremento nacional en la última década, y un 27% en Montevideo, superando incluso la producción de otras soluciones del sistema público. Si bien el régimen tiene un costo fiscal, aclaró que su impacto no es significativo en el gasto tributario total del Estado, que de por sí es elevado en comparación regional. Subrayó que la ley dinamizó la industria de la construcción y promovió su formalización: genera unos 84.000 empleos, incluyendo trabajadores no calificados con buena remuneración, y amplió la diversidad de actores en el sector. Aniotz advirtió, sin embargo, que la mayoría de las unidades son pequeñas y con acceso restringido a los quintiles más altos, lo que refleja una consolidación de la vivienda como mercancía más que como bien de uso.
Exposición de Alina del Castillo:
La Dra. Arq. abordó la producción arquitectónica y urbana. Señaló mejoras en la calidad edilicia, en la imagen urbana y en la incorporación de espacios comunes en azoteas, aunque persiste un escaso avance en materia de sustentabilidad. Destacó que muchas tipologías inducen nuevas formas de habitar, con predominio de viviendas pequeñas y cocinas reducidas, lo que puede derivar en homogeneización social en determinadas zonas. También indicó que, si bien no se registró un desplazamiento directo de hogares de menores ingresos, el aumento del valor del suelo dificulta la permanencia en áreas demandadas.
En las reflexiones finales, las investigadoras coincidieron en que la ley tuvo éxito en captar inversión, dinamizar la construcción y aumentar el stock de viviendas, pero con resultados desiguales en términos de acceso y asequibilidad. Señalaron que la prevalencia de unidades pequeñas conspira contra la diversidad familiar, y que es necesario regular la producción para evitar que responda solo a la lógica de máxima rentabilidad. También destacaron la importancia de fortalecer las políticas públicas para garantizar modelos diversos de producción y gestión urbana.
Intervención de Roberto Villarmarzo
El arquitecto puso el foco en los destinatarios de la política, señalando que las viviendas promovidas apuntan fundamentalmente a los quintiles de ingresos más altos (4 y 5) y se adquieren en su mayoría al contado, con escaso uso del crédito hipotecario. Advirtió sobre la concentración territorial de los proyectos, con un amplio porcentaje de la producción en Montevideo y una fuerte presencia en Maldonado y Ciudad de la Costa, pero con ausencia total en departamentos como Rivera o Río Negro. Planteó interrogantes sobre el futuro de la política ahora que pasa al ámbito del Ministerio de Economía, cuestionando la pérdida de centralidad del Ministerio de Vivienda en su control. También señaló riesgos urbanísticos: la proliferación de monoambientes y viviendas de un dormitorio puede derivar en hacinamiento o en una oferta poco diversa, mientras que la relación entre aumento del stock y población no siempre se traduce en un fortalecimiento del tejido urbano.
Intervención de Alfredo Kaplan
En representación de APPCU, el contador respondió a varias de las críticas a la ley. Sostuvo que el tamaño reducido de las unidades obedece a lo previsto en la ley y a la demanda real del mercado, donde los apartamentos de uno y dos dormitorios son los más solicitados. Defendió la localización de los proyectos en zonas centrales, donde “la gente quiere vivir”, y destacó que la normativa exige que las unidades se destinen a alquileres permanentes, no a plataformas temporarias, por lo que ese control depende del Estado. Subrayó además los beneficios económicos de la ley: dinamización de la industria de la construcción, generación de empleo en todos los niveles y aprovechamiento de infraestructura urbana ya instalada. Reconoció, sin embargo, que los precios de venta siguen siendo altos para la mayoría de la población, lo que plantea la necesidad de que el Estado utilice otros mecanismos para atender a los sectores más vulnerables. Para cerrar, destacó que a seis meses de finalizados, los edificios tienen casi todas las luces prendidas, ejemplificando que la ley es efectiva y lo que se construye tiene un alto nivel de ocupación.
Intercambio con el público
En el debate posterior se discutió sobre el destino de las exoneraciones fiscales, el rol del Estado en la regulación del suelo y la necesidad de compatibilizar los beneficios de la inversión privada con el acceso efectivo a la vivienda para los sectores medios y bajos. Varios participantes remarcaron que el traslado de la órbita de aplicación al Ministerio de Economía refuerza la mirada de la vivienda como bien económico, dejando en segundo plano su valor social. También se advirtió que la producción de proyectos ha crecido mientras la población se mantiene estable, lo que evidencia que la oferta se concentra en una franja reducida del mercado, lo que puede ser una dificultad en el mediano plazo. El intercambio cerró con un consenso en torno a la necesidad de un debate más amplio sobre el modelo de ciudad y la responsabilidad del Estado en garantizar un hábitat inclusivo y sostenible.
Grabación completa
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Presentación de las expositoras
Fichas con imágenes de obras relevadas
