El pasado martes, representantes de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) comparecieron ante la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado, en el marco de una serie de intercambios con organizaciones vinculadas a lo urbano y la vivienda. El objetivo de la convocatoria fue poner a consideración los proyectos de ley actualmente en estudio por la Comisión y recibir aportes técnicos que permitan enriquecer el trabajo legislativo.
Alberto Leira, presidente de SAU, inició la intervención destacando el compromiso sostenido del colectivo con los temas de vivienda y ordenamiento. “Queremos aportar desde nuestra formación a soluciones concretas, especialmente ante el déficit habitacional y la problemática de las personas en situación de calle”, expresó.
Stella Zuccolini, exsecretaria general de SAU y coordinadora de la Comisión de Urbanismo, explicó que el colectivo ha seguido de cerca los tres proyectos de ley actualmente en carpeta, y que participó activamente en las instancias de trabajo convocadas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) para la elaboración del plan quinquenal, a través de las comisiones asesoras COAVI y COAOT. “Vimos pertinente concurrir al Parlamento no solo para dar nuestra opinión, sino también para ponernos a disposición y compartir saberes acumulados en el colectivo”, señaló. Con respecto a los proyectos de ley en particular que se están tratando, expresó que la SAU está de acuerdo con ellos –más allá de algún detalle de redacción– y que los apoya.
Uno de los énfasis de la intervención fue la necesidad de integrar las políticas de movilidad con las de hábitat. Zuccolini remarcó que si bien el debate público ha girado en torno al tipo de nuevo sistema de transporte a implementar —como el BRT o el tranvía—, resulta imprescindible considerar desde el inicio los impactos territoriales de esas inversiones. “Hablamos de desplazamiento de población, procesos de gentrificación y, sobre todo, la localización de nuevos programas de vivienda social en los ámbitos de impacto. No podemos pensar la movilidad sin pensar a quién queremos facilitarle el acceso a la ciudad”, afirmó.
En esa línea, SAU propuso realizar un inventario de tierras públicas en los principales corredores metropolitanos donde se proyectan nuevas infraestructuras: Avenida Italia, Giannattasio hasta El Pinar, y 8 de Octubre hasta Pando. El objetivo es identificar predios del Estado —no solo del ministerio— que puedan destinarse a programas de vivienda de interés social o cooperativas. “Las empresas ya están haciendo reservas de suelo; es crucial que el Estado no pierda la oportunidad de regular el valor del suelo desde su rol como propietario, y garantice el acceso al hábitat en condiciones equitativas”, subrayó Zuccolini.
En apoyo a esta propuesta, los representantes de SAU recordaron los dos conversatorios que organizaron recientemente sobre movilidad metropolitana, en los que participaron autoridades nacionales y departamentales, operadores de transporte y especialistas. “Ambas instancias generaron un valioso debate técnico y demostraron que hay interés real en estos temas”, informó Zuccolini.
Entre otras propuestas, se planteó también la revisión de la normativa edilicia en los corredores metropolitanos con el objetivo de planificar la densificación futura. También se valoró la posibilidad de reactivar la línea de préstamos para reciclaje de viviendas utilizada en las décadas de 1980 y 1990, que permitió rehabilitar más de mil unidades en áreas consolidadas, con bajo costo e impacto. Esta herramienta, señalaron, no solo dinamiza la economía local y da trabajo a profesionales y pequeñas empresas, sino que podría funcionar como complemento de la Ley de Inmuebles Vacíos y Degradados.
Por último, Leira destacó que la SAU cuenta con comisiones departamentales en todo el país y experiencia de trabajo con distintos niveles de gobierno, tanto en el desarrollo de proyectos como en la dirección de obra. En ese marco, se puso a disposición de los tres niveles de gobierno para colaborar en la implementación de políticas públicas. “Proponemos que se tenga en cuenta a la Sociedad de Arquitectos como aliada técnica, desde su compromiso territorial y profesional con la mejora del hábitat”, concluyó.
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