El Senado aprobó este miércoles la ley de asistencia y salvataje de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). El texto votado introduce cambios significativos respecto al proyecto original, con el objetivo de distribuir los aportes entre los afiliados y la sociedad en su conjunto.
La nueva normativa establece tres fuentes principales de financiamiento. Por un lado, contempla un aumento gradual en la tasa de aportación de los activos, que podría llegar desde el actual 18,5% hasta el 22,5%. Según lo determine el Poder Ejecutivo en función de la situación financiera del organismo, podría incrementar dos puntos porcentuales en 2026, otro punto más en 2027 y otro último punto en 2028. En paralelo, incorpora un nuevo aporte de los pasivos: quienes perciben hasta $39.456 mensuales quedan exentos; los que cobran entre $39.456 y $65.760 aportarán un 2%; y quienes superen los $65.760 contribuirán con un 5%. Esta escala fue reducida en comparación con el proyecto original, que preveía gravámenes de hasta 12%.
El respaldo estatal también se incrementa de forma significativa. A partir de este año, la CJPPU recibirá desde Rentas Generales una partida mensual de $218 millones, casi el doble de lo previsto en la versión inicial del proyecto. En 2026, esa cifra se ajustará a dos veces y media lo recaudado por el nuevo impuesto a los pasivos. Además, se establecen aportes extraordinarios del Estado por única vez: $665 millones en 2025 y 2026, y $332 millones en 2027. De la manera planteada, el financiamiento de la Caja se divide en 50% con aportes de pasivos y activos y en 50% con aportes de Rentas Generales y de timbres profesionales.
Por último, la ley da inicio al proceso de convergencia del sistema previsional, que implicará el aumento gradual de la edad de retiro para los nacidos a partir de 1970. Este ajuste representa una modificación respecto a la propuesta original, que comenzaba con la generación de 1968.
Acciones tomadas desde la SAU
La Sociedad de Arquitectos del Uruguay participó activamente de las distintas acciones promovidas por la Intergremial de Profesionales Universitarios y de la Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) y concurrió a la comisiones que trataron el tema en el ámbito de la Cámara de Diputados y la de Senadores. Allí manifestó una postura contraria al proyecto, particularmente a aquellos planteos que conllevaban un aumento significativo de los aportes de los activos y de nuevos gravámenes a los pasivos. Si bien estos planteos no fueron contemplados por el proyecto, sí fueron contempladas parcialmente otras propuestas, como la necesidad atenuar la convergencia acelerada y el ajuste en los timbres profesionales.
Desde la SAU continuaremos participando en las instancias de discusión en relación al diálogo sobre la seguridad social. También en la comisión establecida en la ley aprobada a través de representantes, con el objetivo de aportar soluciones para el todo el colectivo de profesionales.
